Barrick Gold deja 7 muertos

Barrcik Gold contamina con metales pesados los ríos en Argentina, según estudio publicado por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente fundado por la Ex Ministra de Medio Ambiente del vecino país, Romina Picolotti. Conversamos al respecto con Lucio Cuenca, director del OLCA, quien nos señala la imposibilidad de controlar la minería en una zona transfronteriza al existir vacíos legales y administrativos que en caso de contaminación o accidentes como el que recientemente dejó un saldo de 7 trabajadores de Barrick muertos, no estipulan claramente los procedimientos a seguir. No existe tampoco información relativa a los niveles de contaminación existentes en la hoya hídrica del valle del Huasco.
Posteriormente conversamos con Mauricio Ríos quien nos contó de los preparativos para la 8va narcha por la vida y el agua, a realizarse en Vallenar este 4 de Junio. Se convocan a todas las personas sensibilizadas con la defensa de la naturaleza a participar de esta actividad que este año contará además con 4 días de actividades artístico culturales todas en el marco de la resistencia a los megaproyectos transnacionales que amenazan a la provincia y a sus habitantes.

Fuente: Semillas de Agua.

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Estudio Argentino comprueba que Barrick contamina las aguas en Veladero y Pascua Lama.

Los datos obtenidos dieron cuenta de altos niveles y fuera de norma de los metales pesados como arsénico, boro, plomo, mercurio, grasas y aceites. Más de un año tardó la Fundación argentina CEDHA en acceder a los estudios de concentración de metales pesados en las aguas afectadas por los proyectos Veladero y Pascua Lama en Argentina.
“Impacto de los Emprendimientos Veladero y Pascua Lama sobre los Recursos hídricos de la Provincia de San Juan”, es el estudio que publicó la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente, CEDHA, y que arroja alarmantes conclusiones en relación a la contaminación de las cuencas comprometidas por los emprendimientos de la principal minera de oro del planeta, la transnacional canadiense Barrick Gold.
Según los datos la concentración de metales pesados en diferentes puntos de monitoreo, establece que el plomo y el mercurio durante el 2009 superaron más de trece veces el valor máximo de la línea de base, lo que viola gravemente el compromiso hecho en el Estudio de Impacto Ambiental. Esto es alarmante, sobre todo si se considera que los habitantes de la localidad de Jáchal, vecina al proyecto Veladero, se han estado enfermando y muriendo de cáncer desde el 2005 año en que entró en operaciones el emprendimiento minero. Ante esto, la autoridad lejos de sancionar y fiscalizar contribuyó en ocultar los antecedentes.
Aún más grave que lo anterior, son los datos que dan cuenta de que las concentraciones de metales pesados aumenta drásticamente a partir del inicio de construcción de Pascua Lama el 2009, proyecto que en dos años más entraría en operaciones y que se proyecta ser tres veces más grande que Veladero.
La ubicación de los proyectos imposibilita que sea la comunidad la que extraiga muestras de agua. Por lo mismo, CEDHA, requirió los datos a la autoridad, la que al cabo de un año y luego de las presiones del Defensor del Pueblo, entregó la información pública que ni siquiera es información generada del Fisco, sino que fue generada a partir de los monitoreos de la misma empresa.
La actitud de la transnacional y de las autoridades constatada en este caso, se ha repetido en Chile ante reiterados requerimientos comunitarios. El 2005 hubo un ocultamiento sistemático de los estudios que daban cuenta de la disminución de los glaciares por acción de la empresa, el 2007 se retuvo por más de 7 meses la información relacionada con los fallecimientos de trabajadores en faenas (que ya alcanzan 16 solo del lado chileno), el 2009 y 2010 simplemente negó el acceso comunitario a todo lo relativo a la fijación de tributos y a los asuntos fronterizos comprometidos en el proyecto Pascua Lama. De hecho, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales sostiene a este respecto que “la dificultad de acceso a la información es una de las muestras más descaradas de la connivencia de intereses entre la empresa y las autoridades, en contra de los intereses comunitarios”.
Del mismo modo, la debilidad de la fiscalización también es evidente en Chile. Así se da cuenta lo sucedido en noviembre de 2009 luego de una visita de inspección a la zona. Las autoridades determinaron que la empresa no estaba cumpliendo el compromiso adoptado en el Estudio de Impacto Ambiental en relación con la mitigación del daño a los glaciares, y pese a la conducta gravísima de Barrick, solo fue sancionada 13 meses después a pagar la irrisoria suma de 300 UTM. La comunidad aún no entiende si la cantidad fue una multa o un permiso para secar las reservas de agua del último valle fértil del norte de Chile.
OLCA ha puesto a disposición el estudio de CEHDA para que la autoridad chilena haga una fiscalización libre e independiente de Barrick, y de cara a la comunidad quienes han visto las consecuencias de esta millonaria explotación en el valle del Huasco.

Fuente: OLCA

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Senado vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena

Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio UPOV 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país. El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa. Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.
La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.
La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.
Indignación campesina e indígena
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysen, RAPAL, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, OLCA, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores. Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales…El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”. Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del consejo Nacional Aymara, la alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur. Los indígenas también recordaron que “el UPOV 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continua viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.


Violación de un derecho humano
La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.
La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de ANAMURI: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”

Los amigos de Monsanto
La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos Tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV '78 y no al '91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que "afectará a los productores agrícolas nacionales". También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, "para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta".
El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.
UPOV y lobby empresarial
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de UPOV 78, adhiriese a UPOV 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de ANPROS (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.

Por: Lucía Sepúlveda Ruiz

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Aprueban HidroAysén en medio de rechazo ciudadano y subida de acciones eléctricas en Bolsa

La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) aprobó hace pocos minutos por 11 votos a favor y una abstención del Seremi de Salud Claudio Vallejos, la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia chilena, proyecto que ha concitado el rechazo en gran parte de la ciudadanía por la intervención que significará HidroAysén en el sur del país.

A lo largo de todo Chile, organizaciones ambientalistas y ciudadanas convocaron a manifestaciones que comenzarán a las 18.30 horas de hoy expresando la molestia por la aprobación del bullado proyecto que se levantará en los ríos Baker y Pascua, que inundará 5.900 hectáreas de terreno y atravesará parques y áreas protegidas con los 2.300 kilómetros de línea de transmisión eléctrica.

Radio Santa María de Coyhaique (http://www.livestream.com/radiosantamaria) ha informado que graves incidentes se están desarrollando fuera del edificio donde se realizó la sesión. La misma emisora indicó que las autoridades que votaron fueron las siguientes:

- Pilar Cuevas, Intendenta de la Región de Aysén.

- Alejandro Escobar, Seremi de Transportes.

- Mónica Saldías, Seremi de Energía.

- Rodrigo Solís, Seremi (s) del Minvu.

- Raúl Rudolphi, Seremi de Agricultura.

- Geoconda Navarrete, Seremi de Mideplan.

- Claudio Vallejos, Seremi de Salud.

- Carolina Bascur, Seremi (s) de Economía.

- Carola Alvarado, Seremi (s) de Medio Ambiente.

- Bolívar Ruíz, Director del CEA.

- Quemel Sade (voto doble por la inhabilidad de la Seremi de Minería), Seremi del MOP.

En otro punto relacionado, el Diario Financiero publicó que las acciones de las empresas eléctricas Endesa (de Enersis) y Colbún (del grupo Matte) cerraron después del mediodía al alza, con 1.42% (más de 7.700 millones de pesos) y 0,95% (más de 4.400 millones de pesos) respectivamente, frente a la inminente aprobación que finalmente se concretó.

Las redes sociales, como Facebook y Twitter, demuestran el alto porcentaje de rechazo a HidroAysén, cifra que según la encuesta Ipsos se sitúa en 61% de los chilenos.

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